La provincia de Santa Fe atraviesa un momento de tensión debido a la controvertida reforma jubilatoria impulsada por el gobierno provincial, una medida que ha sido duramente criticada por los gremios estatales, encabezados por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
La reforma jubilatoria busca declarar la emergencia del sistema de jubilaciones y pensiones por dos años, con una posible prórroga de otros dos, con el objetivo de reducir el déficit proyectado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en un 25-30%. Ahora, el proyecto será debatido en la Cámara de Diputados, en medio de protestas gremiales y cuestionamientos sobre la justificación del déficit. La medida incluye nuevas obligaciones para los empleados públicos, que ven en esta reforma un «ajuste encubierto» que compromete sus derechos adquiridos al aumentar la edad jubilatoria y modificar el cálculo de las pensiones.
Lorena Almirón, secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) es una de las voces más firmes en la oposición a esta reforma. Almirón expresó a Nexo Uca: “Hay que partir de la base de que gran parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia se genera por los incumplimientos por parte del Gobierno Nacional desde el año 2020, respecto a los acuerdo firmados para financiar los déficits de las Cajas provinciales no transferidas.” Según la dirigente, estos incumplimientos han llevado a la provincia a iniciar demandas judiciales contra el Estado Nacional y la ANSES, que se encuentran en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para la dirigente gremial, las reformas del régimen jubilatorio perjudican los derechos de los trabajadores y trabajadoras en forma permanente. “Los incumplimientos del Gobierno Nacional claramente lo terminan pagando los empleados y empleadas públicas de la Provincia.”
«Estos cambios implican que los trabajadores deberán aportar más de sus salarios, lo que significa un recorte directo en sus ingresos actuales,» afirmó. Almirón también destacó que la reforma plantea cambios que harán más difícil alcanzar el 82% móvil, un beneficio que históricamente ha sido un símbolo de las políticas previsionales justas en Argentina. «Para cobrar el 82% móvil, se exigirá ahora tener 36 años de servicio en lugar de 35. Además, se faculta al Ejecutivo a aumentar la edad jubilatoria si así lo dispone la Nación, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de las jubilaciones en la provincia», explicó.
Ante esta situación, ATE ha organizado una serie de movilizaciones en Santa Fe y Rosario, convocando a los trabajadores a defender sus derechos. «Nosotros rechazamos de plano la reforma», enfatizó Almirón. «No queremos ser partícipes de un ajuste que recorta derechos fundamentales de los trabajadores”.
Las críticas de ATE también se centran en la falta de estudios actuariales que justifiquen los cambios propuestos y el impacto real que tendrán sobre los trabajadores. Según Almirón, «la reforma parece diseñada para desfinanciar el sistema previsional y transferir su costo a los trabajadores, mientras el gobierno oculta las verdaderas razones de este ajuste bajo el pretexto de una ‘emergencia previsional’”.
Lorena criticó duramente al gobernador Pullaro: “El Gobernador no tuvo para nada en cuenta los reclamos que hemos manifestado los sindicatos y su objetivo fundamental es que el déficit lo paguemos nosotros y no los que la junta en pala.”
El gobernador Maximiliano Pullaro, por su parte, defendió la reforma al asegurar que busca garantizar la sostenibilidad del sistema previsional en el largo plazo. “Entendemos las preocupaciones, pero no actuar ahora sería irresponsable y pondría en riesgo el cobro de futuras jubilaciones. La emergencia es una medida temporal que permitirá sanear la Caja, y estamos abiertos al diálogo para que las soluciones sean equilibradas y justas”, afirmó en el Santa Fe Business Forum. Pullaro destacó que su gestión está comprometida con encontrar un camino que cuide tanto los derechos adquiridos como la viabilidad del sistema para las próximas generaciones.
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