Históricamente y ahora bajo el gobierno de Javier Milei, la agroindustria argentina se consolida uno de los mayores emisores de carbono, mientras las normativas ambientales retroceden y los bonos de carbono siguen sin regularse. Bruno Mel, en una entrevista con Portal NEXO UCA, propone alternativas para reducir el impacto ambiental.
El sector agrícola, responsable del 37% de las emisiones de carbono en Argentina, se enfrenta con un presidente que mantiene una postura escéptica respecto al cambio climático. El recorte de normativas ambientales, como propone el Presupuesto 2025, y la falta de incentivos sólidos para una producción sustentable agravan el impacto al ambiente. Según Bruno Mel, estudiante y presidente del centro de estudiantes de Ingeniería Ambiental, «aunque adoptemos políticas más sustentables, el impacto en la tierra sigue siendo significativo. Necesitamos transformar nuestra matriz productiva para reducir el impacto absoluto.»
El gobierno, a través de la «Ley Ómnibus«, ha propuesto un mercado de emisiones de carbono que busca establecer un sistema de comercialización de bonos de carbono entre empresas para mitigar el impacto ambiental. “Los bonos de carbono se pagan muy barato en Argentina, entre 10 y 20 dólares por tonelada de CO2. Si comparás los precios en Europa, se pagan entre 70 y 80 dólares. ¿Pero por qué? Porque eso tiene que ir acompañado de normativa local eficiente que ningún gobierno llevó a cabo” explica Mel.
En una paradoja que refleja las tensiones de su gestión, Javier Milei sigue apoyándose en impuestos como el gravamen a los combustibles y al dióxido de carbono, diseñados originalmente bajo premisas ambientales. Estas medidas, lejos de ser coherentes con su discurso, se han mantenido por su utilidad económica ya que el accionar del gobierno está motivado principalmente por su contribución al ajuste fiscal. La realidad económica del país parece obligarlo a sostener políticas nacidas de las mismas convicciones que rechaza, poniendo de relieve las contradicciones de un modelo productivo que busca maximizar ingresos mientras desestima sus costos ambientales.
Aunque la propuesta pretende incentivar prácticas más limpias, expertos advierten que, en su forma actual, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo insuficiente que prioriza el beneficio económico sobre la reducción real de emisiones. “Desde mi visión de ingeniero ambiental, los bonos de carbono no sirven para nada porque les están poniendo un precio a la naturaleza, o sea, a contaminar. Hay una noticia en la quema de las islas que un muchacho dijo que se quema las islas porque el humo es barato, que si el humo saliera caro la gente no prendería fuego.
Entonces se le da una visión monetaria a la naturaleza y eso mismo hacen los bonos de carbono. En vez de medirlo por impacto, por hectáreas de biocapacidad, alguien le pone el precio y se paga por contaminación.” En conjunto a lo abordado, la prohibición del gobierno de Javier Milei al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) de tratar públicamente temas como el cambio climático, la agroecología y la sustentabilidad ha desatado críticas de sectores científicos y ambientales. Justificada como un intento de «despolitizar» al organismo, la medida limita su capacidad para impulsar prácticas agrícolas sostenibles o propuestas que si sean efectivas y, según expertos, refuerza un modelo productivo extractivista que agrava los desafíos climáticos, sociales y ambientales del agro argentino.
El modelo extractivista del agronegocio en Argentina, centrado en la exportación de commodities, perpetúa el uso intensivo de agroquímicos y el desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, consolidando la exclusión social, según activistas como Vanina Biasi. La revista Cítrica advierte que el país se ha convertido en una «zona franca de agrotóxicos», con estándares ambientales mínimos y un alto costo humano y ecológico.
Aunque el gobierno no tome el asunto con seriedad, las sociedades civiles y ONG se preocupan por la crisis ambiental. La Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) han firmado un acuerdo en la COP29 con el objetivo de promover prácticas agrícolas sostenibles en el continente. Este convenio busca conectar a los productores agropecuarios y las empresas del sector con iniciativas como la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos, impulsando la transición hacia energías limpias. La alianza refuerza la necesidad de transformar el sector agrícola hacia un modelo que respete el ambiente, mitigando los efectos del cambio climático.
De igual forma, el impacto ambiental del sector es inevitable debido a su dependencia de recursos naturales y procesos extractivos. Según Bruno Mel, «indudablemente si vos tenés prácticas más sustentables en la agricultura estás impactando igual; entonces que se desarrollen otros sistemas, otras industrias como la de la energía, te permite disminuir el impacto y, bueno, también trae beneficios económicos». Mel enfatiza que Argentina debe cambiar su matriz productiva, apostando por la industrialización con menor impacto ambiental como estrategia para reducir las emisiones absolutas, más allá de las decisiones políticas del gobierno. Este enfoque no solo aliviaría la presión sobre el agro, principal emisor del país, sino que también diversificaría la economía y generaría oportunidades de desarrollo sostenible.
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