Javier Milei presentó ante el Congreso un controversial presupuesto para 2025, con un enfoque de gran austeridad que promete reformar el gasto público y buscar un superávit fiscal histórico evitando el default.
El 15 de septiembre el presidente propuso ante el Congreso Nacional el primer proyecto de Presupuesto de su gestión, que promete ser el más austero de las últimas décadas en Argentina. Este presupuesto es la hoja de ruta de los gastos e ingresos que planean tener el gobierno al año siguiente en todo el sistema público y donde se aclara cuánto va a poder gastar cada ministerio.
Su principal objetivo apunta a reducir masivamente el gasto público, trabajo que no va a resultar fácil ya que se les exige a las provincias un recorte de USD 60 mil millones. De esta forma, la medida sería indispensable para alcanzar el equilibrio fiscal.
Puntos más importantes
Entre las metas ambiciosas se encuentra reducir la inflación anual al 18,3% en 2025, luego de un cierre estimado en 104,4% para 2024, que representa una baja considerable respecto al 211,4% de 2023. Estas proyecciones, que también incluyen una inflación del 11,6% para 2026 y del 7,4% para 2027, han sido recibidas con escepticismo por economistas, quienes las consideran optimistas y dependientes de condiciones políticas y económicas inciertas. El dólar oficial, actualmente a $1022, se proyecta en $1.207 a finales de 2025, con una devaluación alineada al 18,3% estimado de inflación.
El presupuesto propone priorizar la seguridad y defensa, con recursos destinados a la compra de aviones y buques para reforzar las fronteras y seguir capacitando las fuerzas federales. Por otro lado, para 2025 se estima que el presupuesto para educación representará solo el 0,88% del PBI, una disminución respecto al 1,48% invertido en 2023. Este reajuste provocó una fuerte reacción de organizaciones como UNICEF y ACIJ, que señalan que los sectores más vulnerables sufrirán las consecuencias de estos recortes en servicios como salud, educación y asistencia social.
¿Será el presupuesto 2025 sostenible para Argentina?
Con el objetivo de aportar al debate, UNICEF presentó en la cámara de diputados un análisis sobre la ley de presupuesto nacional con foco en niñez. Declaró que los recortes en programas de apoyo social podrían elevar la pobreza infantil, que ya alcanzó la cifra del 66,1% según el último informe del INDEC. Desde ACIJ, han señalado que el enfoque de ajuste del gobierno refleja una “doble vara”, al priorizar sectores privilegiados mientras reduce la inversión en derechos básicos.
Desde que Milei declaró los objetivos del Presupuesto 2025, hubo respuestas e intentos de negociación. Los bloques opositores afines a La Libertad Avanza (LLA), aunque están de acuerdo con la necesidad de equilibrio fiscal, reclaman mayor asignación de fondos a las provincias, incrementos presupuestarios para las universidades, impulso a la obra pública y la continuidad de la ley de financiamiento docente.
Las provincias también han expresado preocupación. En una reciente reunión en Anta, Salta, el gobernador Gustavo Sáenz manifestó que el ajuste podría complicar los servicios básicos y la calidad de vida de los ciudadanos. Esto significa un gran desafío para las provincias que buscan equilibrar el gasto social con las restricciones impuestas por el gobierno central.
El presupuesto 2025 va a ser un experimento económico radical en el país, donde las prioridades del ajuste van a dividir a la sociedad entre los que creen que solo la dureza fiscal nos sacaria de la profunda crisis económica y los que temen el impacto en los sectores vulnerables. Con los recortes en el financiamiento, se desmoronan áreas como la educación y la asistencia social. Según el análisis de Ecofeminita, el sacrificio social que impone este ajuste es desproporcionado, ya que los costos no se reparten equitativamente entre los sectores económicos, evidenciando una orientación que privilegia a ciertos grupos mientras otros deben soportar la carga del recorte.
Sin embargo, la ambición del presidente de reducir el déficit sin caer en default podría, a largo plazo, restaurar la estabilidad económica, pero ¿a qué costo? La lógica de austeridad no puede sostenerse sin un plan de apoyo a los sectores que más dependen del Estado. Eugenio Marí en el diario Clarín advierte que la “legitimidad” del ajuste depende de su “razonabilidad”, y sin equilibrio en la aplicación de estas medidas, el país puede enfrentar una crisis social peor que la económica. Argentina necesita más que un presupuesto equilibrado, necesita un contrato social que refleje la promesa de un futuro compartido. No tener en cuenta esta visión en el proceso de adaptación dañará no sólo la economía sino también la cohesión y el sentido de justicia que se supone debe proteger la democracia.
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